Agencias
La Fiscalía General de la República, consideró que faltan pruebas contundentes
Estados Unidos imputó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de alto nivel en el estado por nexos contra el narcotráfico.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, anunciaron la apertura de una acusación formal contra el mandatario estatal.
El caso, que ya ha sido asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, detalla que los acusados presuntamente utilizaron sus cargos públicos para proteger al cártel de Sinaloa y asegurar el envío ininterrumpido de narcóticos letales hacia Estados Unidos.
Según el expediente y los documentos judiciales revelados, la relación del gobernador con el crimen organizado habría sido fundamental para su ascenso y el control territorial del cártel. Los señalamientos contra Rocha Moya incluyen, apoyo electoral ilícito, ya que la acusación sostiene que Rocha Moya llegó a la gubernatura en noviembre de 2021 gracias a que la facción de Los Chapitos intervino en las elecciones, secuestrando e intimidando a sus rivales políticos.
Señala reuniones con líderes del narcotráfico, tanto en su etapa de candidato como de gobernador, presuntamente asistió a encuentros directos con miembros de Los Chapitos, además, sostiene que a cambio de su llegada al poder Rocha Moya prometió impunidad en Sinaloa para la organización criminal, permitiendo el tráfico de cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
Faltan pruebas contundentes: FGR
Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que la solicitud de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, realizada por el gobierno de Estados Unidos, “no cuenta elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto a los hechos narrados”.
Dejó claro que la propia solicitud de Estados Unidos, quien acusa a Rocha Moya por narcotráfico, requiere que el gobierno mexicano debe tomar las medidas necesarias para asegurar que “la información contenida en cualquier solicitud de detención provisional o de extradición que haya sido entregada o vaya a ser entregada no sea divulgada, ni se haga del dominio público como ocurrió en este caso en particular