El informe entregado a comisiones de la Cámara de Diputados, reporta hallazgos como la presentación de presunta documentación falsa, empresas sin capacidad operativa, colusión y daño patrimonial
Agencias
El titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvante, informó a la Cámara de Diputados que abrió 16 procesos de investigación, 25 investigaciones adicionales en materia de contrataciones, notificó 45 cédulas de observaciones preliminares y en tres de cuatro casos emitió la calificación de ocultamiento de conflicto de interés, todo relacionado con el escándalo que obligó a la renuncia de Guadalupe Taddei.
En el documento que envió a la Cámara de Diputados detalla que se investiga a 23 personas; de ellas, 15 son empleados o exempleados del INE, así como a 18 empresas, y desmiente a Guadalupe Taddei, quien dijo que la contratación de personal del INE es revisada por el Órgano Interno de Control (OIC).
“No existe disposición ni procedimiento previsto en la normativa del Instituto Nacional Electoral o de este OIC que lo faculte para revisar, validar o autorizar, de manera previa, las contrataciones de personal. Por otra parte, este ente fiscalizador sí cuenta con atribuciones para iniciar procesos que comprueben la veracidad de las declaraciones presentadas por las personas servidoras públicas.
“De contar con indicios que reflejen alguna discrepancia u omisión, se apertura un expediente de investigación, para determinar la existencia de elementos que configuren una falta administrativa no grave o, en su caso, grave”, asegura.
El documento revela que “el pasado 9 de octubre, el OIC notificó al Instituto 45 cédulas de observaciones preliminares, derivadas de la auditoría A07-ADQ-2026 denominada ‘Procesos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios’.
“(El) objeto fue fiscalizar los procedimientos de contratación realizados durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2024 al 31 de mayo de 2026, de las áreas administrativas tales como la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Coordinación de Asuntos Internacionales, la Dirección Ejecutiva de Administración, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización y la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, entre otras”.
Detalla que entre los hallazgos están “posible presentación de documentación e información falsa o alterada. Posibles ocultamientos y actuaciones bajo conflicto de interés. Posible ejercicio de recursos sin debida comprobación. Posibles actos de colusión y de participación ilícita en procedimientos administrativos. Posible identificación de personas morales que no acreditan capacidad técnica, económica u operativa para prestar los servicios contratados. Posible incumplimiento de obligaciones contractuales, fiscales y de seguridad social”.
Informa además que “durante los ejercicios 2025 y 2026, este Órgano Interno de Control (OIC) ha iniciado 16 expedientes de investigación relacionados con los hechos recientemente publicados; de los cuales, 11 son relativos a contrataciones públicas, donde se investiga a, por lo menos, 15 personas servidoras y exservidoras públicas, ocho personas físicas y 18 personas morales.
“Adicionalmente, como resultado de seis ejercicios de auditoría y ocho revisiones de control, se han iniciado 25 investigaciones adicionales en materia de contrataciones. Las posibles conductas identificadas con las indagatorias incluyen: falta a la veracidad en la información declarada, que actualiza ocultamiento de conflicto de interés o enriquecimiento ilícito.
“Uso o aplicación irregular de recursos públicos, que podría derivar en desvío de recursos públicos. Irregularidades en procedimientos de contratación, que pueden derivar en simulación de cumplimiento de requisitos en las contrataciones y abuso de funciones.
“Deficiencias en la planeación, administración, supervisión, recepción o pago de bienes y servicios, que actualicen un daño patrimonial. Incumplimiento de funciones o deberes de supervisión, que podrían causar daños y perjuicios a la hacienda pública.
Actuación bajo conflicto de interés, abuso de funciones o participación indebida en procedimientos de contratación y faltas de particulares vinculados con procedimientos de contratación pública”, dice.
Este informe es adicional al que entregó en febrero de este 2026 y a la comparecencia que tuvo ante diputados federales el pasado 9 de septiembre, en los que no hizo mayor referencia a las anomalías en los contratos del INE, pese a que ya se conocían públicamente por información periodística, y lo hizo llegar a los integrantes de las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción.