Las investigaciones involucran a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, señaladas por posibles prácticas monopólicas en la adquisición de material y documentación electoral
El Instituto Nacional Electoral (INE) acumuló al menos 69 notificaciones relacionadas con una investigación por posibles prácticas monopólicas en la contratación de empresas proveedoras de material y documentación electoral, durante las gestiones de Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei.
Los procedimientos forman parte de una investigación iniciada el 7 de julio de 2022 por la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), actualmente extinta, contra compañías relacionadas con los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
Entre las empresas señaladas se encuentran Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg y Diseño, Reconstrucción y Comunicación, todas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas y relacionadas con contratos otorgados por el INE y los organismos públicos locales electorales (OPLE).
Las notificaciones abarcan desde julio de 2022 hasta octubre de 2026. El aviso más reciente fue emitido el pasado 22 de octubre, cuando se solicitó a los representantes de las compañías manifestar lo que a su derecho conviniera respecto a diligencias probatorias adicionales dentro de la investigación.
Las posibles irregularidades están relacionadas con prácticas monopólicas absolutas en el mercado de contratación pública para adquirir materiales electorales. Entre las conductas investigadas se encuentran la simulación de competencia entre proveedores, la manipulación de precios y la coordinación de propuestas durante los procesos de licitación.
El titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó previamente ante la Cámara de Diputados que se detectaron mecanismos mediante los cuales empresas presuntamente relacionadas entre sí participaban en las mismas licitaciones para aparentar competencia y favorecer la asignación de contratos.
También señaló irregularidades como modificaciones al objeto social de algunas compañías antes de participar en licitaciones, deficiencias en los estudios de mercado y posibles acuerdos para incrementar artificialmente los precios de los productos.
De acuerdo con la información presentada, las empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas acumularon contratos por 2 mil 461 millones de pesos con distintos organismos públicos locales electorales.
La investigación abarca dos administraciones del organismo electoral: la encabezada por Lorenzo Córdova, quien ocupó la presidencia del INE entre 2014 y 2023, y la de Guadalupe Taddei, quien asumió el cargo en abril de ese último año.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre una resolución definitiva de la investigación antimonopolio, por lo que las conductas señaladas permanecen bajo revisión y no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad para las empresas involucradas.
El caso mantiene bajo escrutinio los mecanismos de contratación del organismo electoral y el funcionamiento del mercado de proveedores encargados de producir materiales indispensables para los procesos democráticos del país.
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