Denuncian la ilegalidad en los procesos judiciales realizados en contra de Kenia Hernández, quien permanece privada de la libertad en una cárcel femenil.
Los firmantes de la petición civil aclararon que la defensora comunitaria no es ninguna delincuente y que su encarcelamiento responde a una clara estrategia de criminalización institucional de la protesta.
A pesar de haber sido absuelta previamente de ocho acusaciones federales, el sistema judicial local determinó mantener en prisión a Kenia Hernández bajo cargos sumamente cuestionables en la región del centro.
Los magistrados correspondientes recibieron una solicitud formal para abrir un canal de comunicación directo donde se analice detalladamente la injusta situación legal que atraviesa Kenia Hernández desde hace años.
La defensa legal de la litigante indígena ha presentado argumentos técnicos sólidos que desmienten por completo los testimonios utilizados para sentenciarla a una pena corporal excesiva dentro del centro penitenciario.
Agrupaciones globales de derechos humanos insisten en que es una responsabilidad ineludible del sistema de justicia reparar las violaciones fundamentales sufridas por Kenia Hernández durante todo su proceso penal.
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