A petición de presidenta del Congreso, Abogados piden al Gobierno estatal la intervención urgen para solucionar conflicto
Ivanova de los Reyes
No hay elementos que justifiquen el uso de la fuerza pública para retirar el plantón permanente que mantienen integrantes de las estancias infantiles frente al Congreso del Estado, afirmó Lizeth Villalobos López.
Lo anterior, tras la solicitud que realizó la presidenta del Poder Legislativo al Ayuntamiento de Hermosillo para que intervenga la Policía Municipal y retire a las manifestantes del lugar.
Al respecto, la presidenta de Conservando los Valores de Familia (Covafam), señaló que los legisladores están incurriendo en violaciones a las garantías individuales de las personas a la libre manifestación y eso quedó constatado el pasado viernes cuando enviaron a policías estatales para desalojarlos por la fuerza y cercar el inmueble público.
“Ninguna autoridad estatal o municipal tiene porque venir a retirarnos, cuando estamos ejerciendo nuestro derecho manifestarnos”, expresó.
Villalobos López hizo un llamado a los legisladores a entablar diálogo y no utilizar este tipo de métodos para intimidarlos, asegurando que continuará el plantón permanente por los derechos de la primera infancia.
Respecto a la posibilidad de la intervención de Seguridad Pública Municipal, añadió que deberán apegarse a los protocolos y procedimientos establecidos por la ley.
Abogados piden protocolo de protección urgente para manifestantes
Representantes de la Federación de Abogados del Estado de Sonora solicitaron la aplicación de un protocolo de protección urgente a favor del representante legal y maestras de educación inicial que mantienen un plantón frente al Congreso del Estado, tras el desalojo forzado por parte de policías estatales el pasado domingo.
Juan Francisco Alcaraz García, presidente de la Federación de Abogados del Estado, acompañado por integrantes del Consejo de Abogados Estatal y representantes de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, (Concaam), se reunieron el pasado lunes con el abogado y maestras de Covafam para expresarles su apoyo y respaldo en su lucha por la defensa de la educación inicial.
Manifestaron su preocupación por la salud, integridad y seguridad jurídica del abogado Jorge García Ramírez quien se mantiene en huelga de hambre, así como por la protección de las maestras de educación inicial que participan en esta lucha.
Por lo tanto, solicitaron a la Secretaria de Gobierno del Estado, Fiscalía General de Justicia de Sonora, Poder Judicial, y Congreso del Estado, la aplicación de un Protocolo de Protección para Operadores Jurídicos, Abogados Litigantes, Maestras de Educación Inicial y Personas Defensoras de Derechos Humanos.