La Cancillería rechazó que autoridades texanas determinen la propiedad de nueve islas del río Bravo y recordó que los límites internacionales están establecidos en tratados entre ambos países
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) advirtió que la frontera entre México y Estados Unidos no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal, luego de que autoridades de Texas declararan como propiedad de esa entidad nueve islas ubicadas en el río Bravo.
A través de un pronunciamiento, la Cancillería mexicana señaló que los límites territoriales entre ambos países están definidos por criterios establecidos en tratados internacionales, por lo que ninguna autoridad estatal puede determinar unilateralmente cambios en la frontera.
La controversia surgió después de que Dawn Buckingham, comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, anunciara que nueve islas del río Bravo, con una extensión conjunta de aproximadamente 66 acres, equivalentes a 26.7 hectáreas, fueron reconocidas como propiedad de ese estado.
La funcionaria explicó que la decisión se tomó después de revisar documentación territorial y registros geográficos para establecer la ubicación de los terrenos respecto a la línea central del río. Según las autoridades texanas, la medida permitirá que corporaciones de seguridad y elementos militares accedan a esas zonas para realizar labores de vigilancia, limpieza y patrullaje fronterizo.
En respuesta, la SRE recordó que el Tratado de Límites de 1970 establece que, en el tramo donde el río Bravo funciona como frontera natural, el límite internacional sigue el centro del cauce normal del afluente. Este criterio determina la soberanía de los territorios ubicados a ambos lados de la línea fronteriza.
La dependencia también precisó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es el organismo binacional facultado para aplicar el tratado y determinar de qué lado de la frontera se encuentra cada isla.
Por ello, subrayó que ninguna autoridad estatal tiene atribuciones para establecer unilateralmente la soberanía de esos territorios.
Otro de los puntos señalados por la Cancillería es que, conforme a los acuerdos internacionales, ninguno de los dos países puede realizar obras que, a consideración de la CILA, puedan desviar u obstruir el escurrimiento normal del río.
Las nueve islas se encuentran en el corredor fronterizo de Texas, en las inmediaciones de Laredo, Río Bravo y El Cenizo, frente a la región de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Aunque su extensión territorial es relativamente pequeña, su ubicación ha generado una controversia relacionada con la delimitación fronteriza y las operaciones de seguridad.
Las autoridades texanas justificaron su decisión bajo el argumento de que estos terrenos podrían ser utilizados por organizaciones criminales para actividades de tráfico de drogas, personas y contrabando. Sin embargo, la propia comisionada reconoció que no se había confirmado la existencia de actividades delictivas en las nueve islas recientemente identificadas.
La SRE informó que el Gobierno de México dará seguimiento puntual a cualquier acción que se realice en la zona y reiteró su compromiso con el cumplimiento de los tratados que regulan la frontera común, así como con el diálogo bilateral mediante los mecanismos establecidos.
El desacuerdo ocurre en un contexto de tensiones entre México y Estados Unidos por temas de seguridad, migración y control fronterizo, por lo que la aplicación de los mecanismos diplomáticos y binacionales será fundamental para determinar la situación jurídica de los territorios involucrados.
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