El gobernador Alfonso Durazo destacó que la vivienda es uno de los componentes fundamentales para la competitividad y el impulso económico del estado
Ivanova de los Reyes
Para construir mejores soluciones al reto que representa la construcción de viviendas de interés social en Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño instaló el Consejo Estatal de Vivienda 2023-2027.
El mandatario resaltó que la vivienda es uno de los componentes fundamentales para la competitividad y el impulso económico del estado, sin ello, es imposible generar empleos bien remunerados. “Si no hay vivienda en muy difícil estimular el interés de inversionistas para establecerse en poblaciones que no tienen viviendas de interés social”, aseveró.
“La construcción de viviendas de interés social está asociada al impulso económico y es un círculo virtuoso, si no hay vivienda es muy difícil impulsar el crecimiento económico, y sin este, es imposible generar empleos justamente remunerados, por eso hay que romper ese círculo vicioso”, puntualizó.
Reconoció que el reto no es sencillo, pero confía en la capacidad técnica de cada uno de las instancias estatales y federales, colegios de profesionistas, constructoras, y líderes sindicales que conforman ese Consejo y particularmente en el compromiso que han mostrado históricamente en este tema para encontrar fórmulas que les permitan un mejor financiamiento.
Señaló que Infonavit puso a disposición de las y los trabajadores sonorenses mil 500 millones de pesos para que accedan a créditos que les permitan hacerse de una vivienda a precio razonable, sin embargo, hay dos factores: no hay vivienda suficiente y no hay rangos de montos para adquirir una vivienda.
Para ello, Icreson debe cancelar eventualmente el costo total del registro de una vivienda de interés social, y los Ayuntamientos simplificar la tramitología y reducir los costos a los desarrolladores.
Por su parte, el titular de Coves, Pedro Fontes Ortiz subrayó que entre las atribuciones de este Consejo está el proponer criterios para la planeación y ejecución de políticas y programas de vivienda, y proponer al Gobierno del Estado reformas al marco jurídico vigente en materia de vivienda, además de la creación de comités y grupos de trabajo para la atención de temas específicos y lineamientos para su operación.
