Piden las mismas condiciones con que operaban; Luego de que el gobernador Alfonso Durazo se negó a aumentar el monto que reciben tras la requisa, y ofreció devolverles la concesión, se manifestaron dispuestos a aceptarlas, aunque deberán entregar también las unidades, bodegas, entre otras condiciones
Ivanova de los Reyes
Los ex concesionarios del transporte público aseguran estar dispuestos a que les devuelvan las concesiones para que las trabajen, siempre que el gobierno del estado les devuelva las condiciones que tenían en 2018, antes de la requisa.
Tras cumplirse casi una semana de que retomaron el plantón por fuera de Palacio de Gobierno, los extrabajadores del transporte público, exigen a las autoridades el respeto de los acuerdos hechos en 2023, y se les otorgue el aumento del 15 por ciento al apoyo que reciben por la rentabilidad de sus camiones.
Heriberto Ortega Ruiz, exconcesionario desde hace más de 20 años, señaló que el gobierno de Sonora les robó y lo único que piden es la solución definitiva al conflicto o que cumplan con los acuerdos establecidos.
Refirió que para estar acuerdo en que les devuelvan las concesiones para que las trabajen como dijo el gobernador, primero deben otorgarles las condiciones que tenían antes de la requisa, como camiones, talleres y bodega de refacciones, además de recibir el mismo trato que están dando a los que actualmente prestan el servicio.
“Nosotros las podemos trabajar, pero antes de eso se tienen que poner las condiciones que teníamos en 2018, nosotros teníamos talleres, camiones, herramientas, un almacén de refacciones, todo eso se quedaron con ellos, tendrían que devolvernos todo y lógicamente, también los mismos tratos que les están dando a los que actualmente están prestando el servicio, quienes tienen un trato de pago por kilómetro”, dijo.
“Con mucho gusto le entramos, pero necesitamos que se pongan las condiciones, si esa va a ser su solución definitiva, nomás que se pongan las condiciones. Que se establezcan las condiciones que necesitamos para volver a trabajar, si no, hay otras soluciones, el gobierno tiene derecho a requisar las concesiones, sí, pero también tiene la obligación de indemnizarlos, cosa que no ha hecho”, expresó.
Recordó que en 2022 el gobierno ofreció 516 mil pesos de indemnización, lo cual consideran injusto, toda vez que, la concesión vale mucho más, por lo tanto, exigen que se les indemnice conforme lo que establece la ley, de ahí, las demandas que interpusieron en tribunales por daños moral y patrimonial
