Los docentes exigen la destitución de la encargada de Zona 22 de esa población por acoso y hostigamiento a trabajadores, mientras que los exconcesionarios insisten en el aumento a su pago por apoyo mensual
Ivanova de los Reyes
Maestros de Benito Juárez y exconcesionarios del transporte público de Hermosillo se manifestaron este martes frente a Palacio de Gobierno.
Los docentes exigieron la destitución de la encargada de zona 22 en la localidad de Benito Juárez por acoso y hostigamiento a los trabajadores, también pidieron transferencia a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), en el manejo de las denuncias.
Mientras que los exconcesionarios del transporte público de Hermosillo, exigieron el cumplimiento de los acuerdos que hicieron el año pasado de aumentarles un 15 por ciento el apoyo mensual que reciben por la requisa de sus camiones en 2018.
Juan Pacheco Celaya, docente y director de educación especial del Centro de Atención Múltiple (CAM), 17 ubicado en la zona 22, señaló que desde hace tiempo están siendo víctimas de hostigamiento por parte de Claudia Rodríguez Sandoval y las autoridades no han hecho nada al respecto.
“Nos sentimos hostigados por la maestra Claudia Rodríguez Sandoval, nos sentimos amedrentados 57 maestros pertenecientes a la zona 22, por lo que estamos pidiendo la destitución de su cargo”, dijo.
Actualmente, los padres de familia mantienen cerrado el plantel por el incumplimiento por parte de las autoridades a las demandas interpuestas contra esta persona, agregó.
Por su parte, Matilde Lorena Cota, exconcesionaria del transporte de Hermosillo, dijo que las autoridades se siguen negando a atenderlos y otorgarles el apoyo por la rentabilidad de sus unidades.
“Nos dijeron que saquemos audiencia con el gobernador, pero eso lo hemos venido haciendo por mucho tiempo todos los concesionarios, la hemos solicitado y nunca nos ha atendido, las veces que nos ha atendido es porque nosotros hemos bloqueado algún acceso por donde va a entrar, y nos atiende rapidito, pero una audiencia en sí, nunca nos la ha dado”, expresó.
Subrayó que están pidiendo justicia porque fueron requisados injustamente en el periodo de Claudia Pavlovich y les estuvieron pagando la rentabilidad de sus camiones, sin embargo, les fue retirada hace dos años cuando entró la administración de Alfonso Durazo, y a cambio se les otorgó un apoyo social de 16 mil 500 pesos mensuales, el cual vence en mayo próximo.
De 432 familias o exconcesionarios, quedan 152 en la lucha porque les devuelvan la rentabilidad de sus unidades, ya que el resto, aceptaron los 500 mil pesos que les ofreció primero, el gobierno de Claudia Pavlovich y luego Alfonso Durazo durante su primer año de gobierno, agregó.
