El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está a punto de concluir, dejando tras de sí una estela de promesas incumplidas y traiciones a la sociedad. Aunque en sus discursos ha intentado minimizar las crisis, la realidad es innegable: la violencia y el dolor marcan su administración. Entre las promesas más graves que no se cumplieron está la búsqueda de justicia para las víctimas del caso Ayotzinapa, uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de México.
Una de las promesas clave que llevó a López Obrador al poder en 2018 fue su compromiso de hacer justicia para los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014. En su campaña, aseguró ante los familiares de las víctimas que “tan luego triunfe nuestro movimiento, ¡va a haber justicia para los jóvenes de Ayotzinapa!”. Sin embargo, seis años después, su gobierno se retira dejando una profunda sensación de traición.
Uno de los mayores símbolos de esta traición es la protección que AMLO ha otorgado al ejército mexicano, institución que ha sido señalada en múltiples investigaciones por su posible involucramiento en la desaparición de los estudiantes. A pesar de la creación de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa bajo su administración, y de las pruebas acumuladas, el presidente ha ignorado esos hallazgos para exonerar a las fuerzas armadas.
Recientemente, en una carta enviada a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, López Obrador se proclamó coordinador de las investigaciones y exoneró al ejército de cualquier responsabilidad. En su misiva, evitó mencionar las múltiples pruebas que señalan la participación de las fuerzas armadas en los hechos. Además, acusó a los periodistas, abogados de las familias y organizaciones internacionales de formar parte de un supuesto complot para culpar al ejército.
Esta actitud ha sido vista como una peligrosa maniobra política para encubrir a las fuerzas armadas, lo que ha generado un distanciamiento entre el gobierno y los familiares de los desaparecidos. El 25 de septiembre pasado, en el marco del décimo aniversario de la desaparición de los normalistas, los padres y sus abogados rompieron relaciones con el gobierno, acusando a López Obrador de obstaculizar la justicia.
A pesar de sus promesas iniciales de hacer de Iguala un ejemplo de justicia en un gobierno democrático, López Obrador deja el poder con una de las traiciones más dolorosas en su historial. La protección a los victimarios y el abandono a las víctimas del caso Ayotzinapa marcarán su legado, un estigma que difícilmente podrá borrarse.
